Amnistía Internacional España

Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por personas, en su mayoría voluntarias, que trabajan para que se respeten los derechos humanos en todo el mundo.
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Reacción Amnistía Internacional ante el reciente asesinato de una mujer en Villafranca (Badajoz) víctima de violencia de género

La muerte de una mujer el pasado 4 de agosto en Villafranca (Badajoz) a manos de su ex pareja revela, para Amnistía Internacional, que las víctimas de violencia de género, incluso en aquellos casos en los que presentan una denuncia, encuentran trabas para acceder a una protección real y efectiva.

Según declaraciones vertidas por el Delegado de Gobierno de Extremadura, la mujer había denunciado a su ex marido por violencia psicológica, pero no constaban malos tratos físicos con anterioridad, si bien ha reconocido que cuando la mujer presentó la denuncia tenía un hematoma en el brazo. El juez había acordado una orden de alejamiento de 200 metros sobre el agresor. Al parecer la víctima no tenía dispositivo electrónico de protección.

Ante el insistente mensaje institucional que pone el acento en que las mujeres “deben” denunciar para protegerse y recibir apoyo, Amnistía Internacional considera que las autoridades deben analizar los obstáculos y la eficacia de las medias acordadas para proteger a las mujeres víctimas de violencia.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en lo que va de año 30 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas. De ellas sólo 6 habían presentado denuncia previa y sólo esta última fallecida tenía medidas de protección en vigor.

Para la organización estos datos hacen necesario que las autoridades pongan el foco en la actuación judicial. Amnistía Internacional denunció en noviembre de 2012 los obstáculos que encuentran las víctimas de violencia de género para acceder a la justicia, y protección, entre ellos la falta de diligencia en la investigación judicial. De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2006 y 2011, el 64% de los casos de violencia de género fueron sobreseídos. Sólo en 2011 se archivaron en el conjunto del Estado una media del 45% de las denuncias por violencia de género. También en 2011 se produjo un descenso en la concesión de órdenes de protección solicitas por las mujeres: un 36,8% de las solicitudes de orden de protección fueron rechazadas. A pesar de estas cifras, no se ha evaluado el funcionamiento los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, establecidos en la Ley Integral, tras ocho años desde su puesta en marcha.

Amnistía Internacional recuerda que el Estado español debe proporcionar un recurso efectivo que proteja a las víctimas del riesgo de violencia. Las autoridades tienen la obligación de verificar la efectividad de la protección legal dispuesta y de identificar los obstáculos que, en la ley o en su aplicación, impiden a las mujeres acceder y obtener justicia y protección.

La organización también subraya, tal y como hizo en su Informe de noviembre de 2012 “¿Qué justicia especializada?”, que el Consejo General del Poder Judicial debe detectar y corregir los casos de falta de diligencia para impedir prácticas que incumplan el deber de investigar y administrar justicia.